Desde hace varias semanas tengo en mente hablar de lo que en Brasil conocen como ‘delação premiada’, pero me surgían dudas sobre si el tema sería lo suficientemente interesante para vosotros. Hoy cuando he visto que Ciudadanos ha propuesto una medida similar no he podido posponer más este asunto. Seré breve para no aburrir ;)
La ‘delação premiada’, o lo que en español llamaríamos ‘acusación premiada’, consiste en la reducción de penas para aquellas personas acusadas de haber cometido ciertos tipos de delitos. Si su testimonio sirve para identificar a otros que participaron en los mismas tramas, el reo puede beneficiarse de una reducción de pena.

Esto se hace a través de la Fiscalía y la Policía, que negocian con la defensa del acusado para que pueda acogerse a este sistema que no siempre acaba con un beneficio penal porque depende de la validez de la información aportada y de la utilidad que haya tenido para avanzar en las investigaciones.
En Brasil está siendo usada últimamente en la famosa ‘Operação Lava Jato’, o lo que es lo mismo, el caso de blanqueo de dinero y comisiones ilegales en la empresa pública Petrobras.
Varios directivos han accedido a aportar datos de las comisiones que entregaban a políticos y empresarios y de señalar a otras personas involucradas. Existe un debate sobre la legitimidad o no de este sistema, pero lo cierto es que está bastante asentado en el sistema judicial brasileño.
Mi sorpresa se ha producido cuando he visto que el partido político español, Ciudadanos, encabezado por el joven Albert Rivera, ha incluido una medida similar en su programa titulado ‘Lucha contra la corrupción y contra el capitalismo de amiguetes’. El caso español se planea desde una óptica un poco diferente. Primero porque incluiría una gratificación económica directa a funcionarios públicos que den el ‘chivatazo’.
O sea, si un director de comunicación, por poner un ejemplo, ha sido testigo del pago de comisiones ilegales en un ministerio o cualquier otro organismo estatal o autonómico, recibirá dinero a cambio. Aunque el sistema es más parecido al estadounidense, donde ya se aplica una medida similar, lo cierto es que está pensado precisamente para combatir el mismo problema que ha sacudido a Brasil en los últimos meses: la corrupción.